Federal prosecutor fired as doubts grow over Mexico’s ‘largest-ever’ fuel-trafficking bust

En la mañana del 17 de septiembre, el gobierno federal anunció con gran pompa lo que describió como el mayor decomiso de combustible robado en un solo sitio en la historia de México. La noticia, transmitida en la #EnLaMañanera, prometía una victoria contra el “huachicol” que ha asolado a colonias y comunidades rurales durante años. Sin embargo, en cuestión de horas la historia empezó a desmoronarse, y lo que parecía una operación ejemplar se convirtió en un torbellino de dudas, errores administrativos y acusaciones cruzadas entre partidos.

El anuncio y la reacción inicial

El anuncio oficial, realizado por el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, describió la incautación de 59 millones de litros de combustible en la instalación de San José Iturbide, Guanajuato. La cifra, presentada como la mayor captura de “huachicol” en un solo sitio, generó expectativas de una ofensiva contundente contra el contrabando que afecta a los precios de la gasolina y a la seguridad de los conductores en carreteras como la que conecta a los tianguis de la región.

Al mismo tiempo, el propietario del depósito, el Grupo SIMSA, emitió un comunicado negando cualquier irregularidad. Aseguró que la instalación estaba legalmente registrada ante autoridades estatales, municipales y federales, y que operaba bajo los permisos correspondientes. Este mensaje, que llegó al público el mismo día del anuncio, sembró la primera semilla de desconfianza en la narrativa oficial.

El error del mandato judicial

Una de las claves que explicó la confusión fue un error en la orden judicial que dio inicio al operativo. La orden, según informó la prensa, estaba dirigida a “Gas del Noreste” en lugar de “Gas del Noroeste”, una subsidiaria de SIMSA que administra el depósito. Este simple pero crítico error provocó que los fiscales persiguieran al objetivo equivocado, desencadenando una cadena de acciones que, según los documentos, incluyeron el cierre del sitio el 4 de septiembre y su reapertura el 10 de septiembre, apenas una semana antes del anuncio del decomiso.

El ministro García Harfuch reconoció el fallo y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba revisando la documentación para determinar la procedencia y trazabilidad del combustible. La corrección del mandato judicial se convirtió en el punto de partida para una revisión interna que, hasta la fecha, sigue en curso.

El despido del fiscal de Guanajuato

El 21 de septiembre, el propio ministro de Seguridad confirmó que Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, había sido destituido de su cargo. La decisión se tomó tras la detección de “anomalías” en el operativo que condujo al supuesto decomiso. La medida, anunciada en la cuenta de Twitter del medio El Financiero, subrayó la gravedad de los errores y la necesidad de responsabilizar a los funcionarios involucrados.

Además del despido, se informó que Vera podría enfrentar procesos judiciales, aunque aún no se han detallado los cargos específicos. Otros funcionarios bajo escrutinio incluyen al secretario de Seguridad del estado, Juan Mauro González, y al procurador estatal, Gerardo Vázquez, quienes también podrían ser investigados por su papel en la autorización de los permisos a SIMSA.

El cambio de figura jurídica: de decomiso a embargo

Con la documentación de SIMSA aceptada como válida, la FGR modificó silenciosamente la naturaleza del caso. En lugar de considerar el combustible como incautado, la autoridad lo reclasificó como “embargo”. Esta distinción legal implica que, mientras se investiga la trazabilidad del producto, el combustible permanece bajo custodia de la empresa propietaria, sin que se haya declarado una pérdida para el sector privado.

El embargo permite a la FGR seguir revisando los papeles de las compañías que almacenan combustible en el sitio, entre ellas gigantes internacionales como ExxonMobil, Marathon y Shell, según fuentes del mercado citadas en el informe. La revisión de estos documentos busca confirmar que todas las existencias en el depósito cumplan con los requisitos de registro y trazabilidad exigidos por la legislación mexicana.

El juego político entre Morena y la oposición

Mientras se desarrollaba la investigación, los gobernantes locales de San José Iturbide, afiliados al partido Morena, comenzaron a señalar a los funcionarios de la oposición como responsables de la supuesta corrupción que habría permitido a SIMSA obtener los permisos necesarios. Las acusaciones se centraron en la supuesta entrega de licencias a lo largo de los años, lo que, según los críticos, habría facilitado la acumulación de grandes volúmenes de combustible sin la debida supervisión.

Los partidos de la oposición, por su parte, han defendido la legalidad de los permisos otorgados, argumentando que los documentos presentados por SIMSA cumplen con los requisitos de los entes reguladores. Este tira y afloja político refleja la profunda polarización que atraviesa a México, donde cualquier caso de “huachicol” se convierte rápidamente en una arena de debate sobre la corrupción y la gestión pública.

El rol de la presidencia y la expectativa de la población

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho del combate al robo de combustible una prioridad de su administración, reiteró el 18 de septiembre que la FGR continuaba investigando los hechos y que se anunciarían más detalles una vez concluida la pesquisa. Sin embargo, la presidenta no mencionó la modificación del caso de “seizure” a “embargo”, lo que dejó a la opinión pública con la sensación de que la información estaba siendo manejada con cautela.

Para los trabajadores de la zona, los agricultores que dependen del combustible para sus maquinarias y los conductores que transitan por carreteras como la que cruza el estado de Guanajuato, la incertidumbre sobre la legalidad del combustible sigue siendo una preocupación real. La promesa de una investigación exhaustiva se mezcla con la frustración de ver cómo un caso que prometía una gran victoria contra el “huachicol” termina en una disputa burocrática y política.

Perspectivas y próximos pasos

El proceso de revisión documental que lleva a cabo la FGR aún está en marcha. Según los reportes de medios como El Universal, La Jornada, Proceso y El País, la autoridad está analizando los registros de las compañías almacenadoras y la cadena de suministro del combustible encontrado en el depósito. La conclusión de esta investigación determinará si se mantendrá el embargo, si se impondrán sanciones a las empresas involucradas o si se cerrará el caso sin mayores repercusiones.

Mientras tanto, la comunidad de San José Iturbide y los ciudadanos de todo el país siguen atentos a los movimientos de la Fiscalía y a los pronunciamientos del gobierno. El caso ha puesto de relieve la complejidad de combatir el robo de combustible en México, donde la falta de trazabilidad, los errores administrativos y la disputa política pueden entorpecer incluso los operativos más ambiciosos. La esperanza de los mexicanos es que, al final, la justicia prevalezca y que los recursos destinados a la seguridad se utilicen para proteger a las familias, los trabajadores y los pequeños empresarios que forman el corazón de nuestra nación.

This article was produced with AI-assisted research and editorial support. Reporting is based on the source material cited below. Sources: Mexico News Daily; mexiconewsdaily.com; Global1.News (26 September 2026).

By Rosa Martinez, Staff Writer